El anuncio del régimen de Maduro sobre la desestimación condicional de los cargos penales contra casi un tercio de los presos políticos en el país no resuelve, ni tampoco siquiera aborda, el trasfondo de la crisis política que atraviesa Venezuela. Sigue habiendo cientos de presos políticos y, al igual que aquellos a los que ahora les ofrecen la detención domiciliaria o la conclusión (por el momento) de las causas penales en su contra, ninguno de estos venezolanos debería haber pasado ni un solo día preso.Para los presos que han sido liberados, poder volver a casa es motivo de celebración. Estados Unidos expresa su respeto y admiración por estos patriotas y por los sacrificios que han hecho para liberar a su país.Aún así, el estado de la democracia en Venezuela sigue siendo sumamente precario. Esta desestimación de cargos tiene carácter condicional y los funcionarios amenazan con suspender el beneficio si alguna de estas personas “vuelve a cometer cualquier acto de terrorismo, violencia o golpista”, según la determinación arbitraria del régimen. Entre quienes siguen siendo blanco de amenazas, acoso y procesamiento por parte del régimen se encuentran líderes venezolanos como Juan Guaidó, Leopoldo López y Julio Borges, así como el embajador venezolano en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y muchos otros defensores de la democracia venezolana. Asimismo, no se incluyó en la medida a ningún chavista ni dirigente sindical prominente, ni tampoco a miembros de las fuerzas militares, pese a que representan un número desproporcionado entre los presos políticos. La mayoría de los líderes políticos democráticos venezolanos que están exiliados no podrán regresar al país, pues saben que podrían ser encarcelados de inmediato. No hay absolutamente ninguna garantía de su seguridad. No se desestimaron los cargos contra el diputado Juan Requesens, que continúa en arresto domiciliario. El mismo día que se liberó a Requesens, se detuvo arbitrariamente a la madre del diputado de la Asamblea Nacional Armando Armas, un hecho que nos recuerda que el régimen mantiene un ciclo constante de encarcelamiento e intimidación para coaccionar a las personas a participar en la farsa electoral que ha montado Maduro para el 6 de diciembre.
No existen en Venezuela las condiciones para que pueda haber elecciones libres y justas, y la liberación de algunos presos políticos no cambia esa situación. No ha habido ninguna restitución para los partidos políticos cuyos líderes fueron destituidos, y sus nombres, símbolos y activos robados, incluidos partidos de izquierda que cuestionan el control que tiene el régimen sobre el legado político de Chávez. A muchos opositores del régimen todavía se les prohíbe postularse a cargos públicos y siguen estando privados de sus derechos políticos. El Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha sido designado ilegalmente, sigue estando bajo el férreo control del régimen, un hecho que será crítico debido a que de esa institución dependen los complejos procesos de registro. No hay libertad de prensa. Tampoco hay libertad de expresión. Y no existe la libertad de reunión. Estas condiciones mínimas para poder recibir a una misión internacional de observación electoral creíble siguen estando ausentes. Exhortamos a todos los actores democráticos, en Venezuela y fuera del país, a seguir insistiendo sobre las condiciones necesarias e internacionalmente aceptadas para que haya elecciones libres y justas. Nosotros, y nuestros socios democráticos en Venezuela y la comunidad internacional, no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral más perpetrado por el régimen de Maduro. Los ciudadanos venezolanos merecen nuestra solidaridad constante en su esfuerzo por restablecer la democracia en su país.
Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
