El gobierno de Biden-Harris asumió el compromiso de colocar los derechos humanos y los principios democráticos en el centro de nuestra política exterior. En las presentes Directrices para el apoyo de
las misiones diplomáticas de los Estados Unidos a la sociedad civil ya los defensores de los derechos humanos se describe y amplia el compromiso de los Estados Unidos de apoyar esta labor esencial
como parte de la visión estratégica del Presidente y de la política exterior de los Estados Unidos. Esta principalmente dirigida a los funcionarios de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos ya los miembros de la sociedad civil de todo el mundo, en particular los defensores de los derechos humanos. Resulta esencial tener una sociedad civil abierta, inclusiva, empoderada y en pleno funcionamiento para tener democracias sanas, economías prósperas y sociedades resilientes. Los Estados Unidos están comprometidos con lo acordado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y continuan comprometidos, tanto a nivel bilateral como en los foros multilaterales, a proteger y promover las libertades fundamentales y el papel de los defensores de los derechos humanos. La labor de la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, de tutelar los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como de apoyar la buena gobernanza, es una salvaguardia fundamental para protegerse de las amenazas de los regímenes autocráticos y las democracias en retroceso. Cuando la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos tienen poco margen para trabajar libremente, prosperan los abusos y las violaciones de los derechos humanos, la discriminación y la corrupción. Los Estados Unidos continuaran desempeñando un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los pactos, tratados y convenios de ella emanados. Las presentes directrices publicas reflejan la postura política de los Estados Unidos con el objetivo de apoyar a la sociedad civil ya los defensores de los derechos humanos en su inestimable labor. La democracia y los derechos humanos están amenazados en todo el mundo. El mundo lleva más de un decenio de recesión democrática sostenida, que incluye una reducción constante del papel de la sociedad civil. En muchos países se aprobaron leyes que limitan su financiamiento y funcionamiento. Algunos gobiernos utilizan indebidamente las leyes de seguridad nacional para reprimir la capacidad de los actores de la sociedad civil de ejercer la libertad de expresión, de asociación, de circulación y de reunión pacífica. Así mismo, aumentó el uso de tecnologías de censura y vigilancia, así como el corte del servicio de internet, para socavar el debate democrático. Los gobiernos no deberían clausurar ni restringir los servicios en linea ni desplegar tecnologías de vigilancia como medio para limitar el ejercicio de los derechos humanos de las personas o intimidar a la sociedad civil. Al contrario, los gobiernos deberían posibilitar el funcionamiento de la sociedad civil y ampliar el espacio cívico para favorecer el éxito del publico para el que trabajan, ya que los grupos cívicos desempeñan un papel único y positivo en la sociedad.
Los Estados Unidos reconocen que la labor que realizan los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil ( OSC) suele exponerlos a peligros. Los defensores de los derechos humanos suelen ser objeto de intimidación, amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y juicios no imparciales. Los gobiernos autoritarios y otros han llegado a proferir amenazas y tomar represalias cuando la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos o los periodistas participan en diálogos internacionales sobre derechos humanos. Los gobiernos deberían reconocer que promover y proteger las libertades fundamentales genera mayores niveles de confianza, lo que envía un mensaje contundente a los actores malintencionados y desalienta aun más el uso de la violencia. La comunidad internacional también fue testigo de la manera en que algunos gobiernos abusaron de las declaraciones de emergencia y restringieron el espacio cívico y propiciaron el retroceso democrático en respuesta a la pandemia de COVID-19. Algunos gobiernos promulgaron o aprovecharon leyes para silenciar, atacar y hostigar a los miembros de la sociedad civil con el pretexto de las necesidades de salud publica. Las medidas de emergencia que restringen los derechos humanos y que adoptaron los gobiernos en respuesta a la pandemia de COVID-19 deben estar en consonancia con las obligaciones de! Estado plasmadas en el derecho internacional de los derechos humanos aplicable. Por ejemplo, en un contexto de pandemia, las restricciones
a los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y libertad de asociación deben estar prescritas por ley y ser necesarias para proteger la salud publica. Es importante que los gobiernos permitan que en tiempos de crisis la sociedad civil desempeñe su papel singular y positivo, incluso cómo vínculo critico entre los gobiernos y el publico para el que trabajan. El Departamento de Estado, incluida la Dirección de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, acogió con beneplácito y llamó la atención sobre las políticas de Estado que respetan los derechos humanos, se adhieren a los principios democráticos y son esenciales para una respuesta eficaz a la COVID-19. En definitiva, las democracias que respetan los derechos humanos son mas pacificas, prósperas y estables,
y constituyen socios bilaterales mas fuertes. Los Estados Unidos asumieron el compromiso de apoyar y acompañar a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, al sector privado y a los países socios que procuran responder a las amenazas a los derechos humanos y afianzar los principios democráticos basados en un espacio cívico libre y favorable. De hecho, al enfrentarnos a los retos mundiales del momento, ya los retos que presentan nuestros rivales autoritarios, es esencial que demostremos que las democracias pueden cumplir con su pueblo y mejorar sus vidas de manera concreta y medible. Los Estados Unidos alientan a las misiones diplomáticas a interactuar de manera directa con las OSC y los defensores de los derechos humanos y a afianzar la relación con ambos. Durante sus primeras declaraciones en materia de política exterior, el presidente Biden dejó claro que si los Estados Unidos ansían resolver satisfactoriamente los numerosos retos a los que nos enfrentamos en la actualidad, “debemos comenzar con una diplomacia arraigada en los valores democráticos mas preciados de los Estados Unidos: defender la libertad, promover oportunidades y tutelar los derechos universales”. Con esto como cable a tierra de nuestra política mundial, el Secretario de Estado impartió instrucciones a todos
los embajadores ya los responsables de las misiones para que se comprometan directamente con la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos como parte de una política exterior fundamentada en nuestros principios democráticos. Si bien los funcionarios de derechos humanos del Departamento de Estado de
los Estados Unidos suelen ser el punto de contacto a nivel de trabajo para las OSC y los defensores de los derechos humanos, según el tema, también se puede recurrir a otras divisiones de la embajada con experiencia especializada (como funcionarios de derechos laborales, funcionarios de Economía, etc.). En las directrices que se presentan a continuación para las misiones diplomáticas de los Estados Unidos se resaltan las numerosas maneras en que los Estados Unidos procuran promover los derechos humanos apoyando a la sociedad civil ya los defensores de los derechos humanos para que continúen su labor sin obstáculos ni restricciones indebidas, y libres de represalias hacia ellos o sus familias.
Para leer la guía completa: Dirección de Democracia y Derechos Humanos