El Tesoro sanciona a funcionarios del régimen de Maduro por socavar el orden democrático en Venezuela

El Tesoro sanciona a funcionarios del régimen de Maduro por socavar el orden democrático en Venezuela

 

4 de septiembre de 2020

 

WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a cuatro figuras clave que han facilitado los esfuerzos del ilegítimo régimen de Maduro para socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela. Estas personas incluyen a David Eugenio de Lima Salas, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra. Sus acciones son parte de un plan de interferencia electoral más amplio para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas en diciembre de 2020 mediante la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y el control de la riqueza y los activos del estado para fines del régimen a través del Procurador General.“El corrupto régimen de Maduro está intentando tomar el control de la Asamblea Nacional de Venezuela a través de una elección fraudulenta”, dijo el Secretario Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela, y este gobierno sigue comprometido en actuar contra el régimen ilegítimo de Maduro y sus partidarios mientras buscan fortalecer su control sobre el poder.”

Estos individuos están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, en su versión modificada.

LOS INTENTOS DE MADURO POR CONSOLIDAR EL PODER

Sobre la base de sus esfuerzos fraudulentos en diciembre de 2019 y enero de 2020 para socavar a la Asamblea Nacional de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por funcionarios amigos del régimen ilegítimo de Maduro, emitió resoluciones judiciales dudosas en la primavera de 2020 en apoyo a la selección de funcionarios por parte de Maduro para puestos clave del gobierno, que supervisan la riqueza y los activos nacionales de Venezuela y los procesos electorales. La Asamblea Nacional, elegida democráticamente, aprobó resoluciones en las que denunciaba estas resoluciones judiciales como maniobras corruptas para socavar el estado de derecho en Venezuela.

En abril de 2020, luego de atender una solicitud de interpretación constitucional sobre la selección del Procurador General, el Tribunal Supremo de Justicia alineado con Maduro dictaminó que Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza (Muñoz Pedroza) es el Procurador General de la República y tiene todas las funciones de representar al Estado venezolano ante terceros partes nacionales e internacionales en materia de riqueza y patrimonio del país. La Asamblea Nacional rechazó esta decisión y la usurpación de ese cargo por Muñoz Pedroza, y posteriormente instó a los tribunales extranjeros, tribunales de arbitraje internacional y otras autoridades extranjeras a no aceptar la representación de Muñoz Pedroza ni la de abogados designados por él como representantes del gobierno venezolano. La Asamblea Nacional también instó a las autoridades extranjeras competentes a sancionar a Muñoz Pedroza y a los abogados designados por él por su colaboración política con el régimen ilegítimo de Maduro, que obstaculiza la legítima defensa de los intereses venezolanos y la transición de la nación a la democracia.

En junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia alineado con el régimen de Maduro nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral alineado con el régimen, subvirtiendo el poder otorgado a la Asamblea Nacional bajo la Constitución de Venezuela. Dos de los nuevos funcionarios del Consejo Nacional Electoral alineados con el régimen son Indira Maira Alfonso Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra. Este movimiento es parte de la constelación de esfuerzos que Maduro ha realizado para garantizar una farsa electoral parlamentaria el 6 de diciembre de 2020.

Hoy, Indira Maira Alfonzo Izaguirre, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y ahora rectora principal y presidenta del Consejo Nacional Electoral; José Luis Gutiérrez Parra, rector principal del Consejo Nacional Electoral; y Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, el supuesto procurador general, están siendo designados de conformidad con la E.O. 13692, en su versión enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela.

CORRUPCIÓN PÚBLICA

Desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020, el exgobernador venezolano David Eugenio de Lima Salas (de Lima Salas) -trabajando con el ex vicepresidente ejecutivo y ministro de Industria y actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami (El Aissami) y el blanqueador de dinero colombiano, Alex Saab (Saab)- fue el líder de dos planes de corrupción de compra de votos conocidos como “Operación Maletín Verde” y “Operación Alacrán” que orquestó en nombre de Maduro. El régimen de Maduro, con el liderazgo de de Lima Salas, supuestamente compró los votos de los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional en montos de hasta $ 1 millón de dólares. Estos sobornos se realizaron con el propósito de socavar la reelección en enero de 2020 de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. El dinero en efectivo para los sobornos supuestamente fue proporcionado por las redes de lavado de dinero y corrupción de El Aissami y Saab, contra las que se había dirigido la OFAC previamente con sanciones.

De Lima Salas todavía desempeña un rol fundamental en socavar la democracia venezolana y manipular las próximas elecciones parlamentarias de 2020. A través de la Operación Alacrán, de Lima Salas, junto con el Tribunal Supremo de Justicia alineado con el régimen de Maduro y miembros del Consejo Nacional Electoral alineados con Maduro, ha buscado despojar a los partidos políticos de la oposición de su capacidad para operar permitiendo a miembros corruptos de la Asamblea Nacional apropiarse de las marcas, logotipos, símbolos y tarjetas de propiedad de los partidos legítimos de la oposición, con el objetivo de destruir a los partidos legítimos de la oposición, suprimir votos e inclinar las futuras elecciones a favor del régimen de Maduro.

De Lima Salas, exdiputado de la Asamblea Nacional y exgobernador, está siendo designado de conformidad con la E.O. 13692, en su versión enmendada, por ser responsable o cómplice o responsable de ordenar, controlar o de otra manera dirigir, o haber participado, directa o indirectamente, en la corrupción pública por parte de altos funcionarios del Gobierno de Venezuela.

ANTECEDENTES DE EL AISSAMI Y SAAB

La OFAC designó a El Aissami el 13 de febrero de 2017 como Narcotraficante Especialmente Designado, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley de Cabecillas, Kingpin Act) por desempeñar un rol significativo en el narcotráfico internacional. Al momento de su designación, El Aissami era el vicepresidente ejecutivo de Venezuela. El 8 de marzo de 2019, la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York imputó a El Aissami de violaciones penales de la Ley de Cabecillas. El 26 de marzo de 2020, el Secretario de Estado Pompeo anunció una oferta del Programa de Recompensas de Narcóticos de hasta $10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de El Aissami. En la misma fecha, se reveló una acusación de reemplazo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que imputaba a El Aissami de delitos adicionales relacionados con los esfuerzos para evadir las sanciones de la OFAC.

La OFAC designó a Saab el 25 de julio de 2019, de conformidad con la E.O. 13850, en su versión enmendada, por ser responsable o cómplice de, o participar directa o indirectamente en, una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas y corrupción y al Gobierno de Venezuela o programas administrados por el Gobierno de Venezuela y por operar en el sector del oro de la economía venezolana. Saab se beneficia de la orquestación de vastas redes de corrupción que le han permitido a Maduro y sus cómplices beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. A través de una sofisticada red de empresas instrumentales, socios comerciales y miembros de la familia, Saab ha lavado cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción en todo el mundo. El 25 de julio de 2019, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida imputó a Saab de un cargo de conspiración por cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero por su presunto rol en el lavado de activos de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en relación con un plan para pagar sobornos. La acusación formal también alega y solicita el decomiso de más de $350 millones de dólares que representan la cantidad de fondos involucrados en las violaciones penales.

ACCIÓN DE HOY

Con la acción de hoy, Estados Unidos sincroniza sus esfuerzos con los del Gobierno de Canadá, que colocaron a Muñoz Pedroza y Alfonzo Izaguirre en su Lista Consolidada de Sanciones Autónomas Canadienses en 2018 y 2019, haciendo que estas dos personas estén sujetas a sanciones bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales de Canadá y la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos.

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en los bienes de estas personas que estén en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas de EE.UU. quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, también queda bloqueada toda entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, al 50 por ciento o más de las personas designadas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas de los Estados Unidos o de aquellas dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren cualesquiera bienes o interés en los bienes de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones de EE.UU. no tienen que ser permanentes; están destinadas a conseguir un cambio positivo del comportamiento. Estados Unidos ha dejado en claro que está disponible el levantamiento de las sanciones para las personas y entidades designadas de conformidad de la E.O. 13692, en su versión enmendada, que tomen medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a participar en abusos contra los derechos humanos, se pronuncien contra los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro o combatan la corrupción en Venezuela.


Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.