Informe de 2020 Sobre la Trata de Personas

Informe de 2020 Sobre la Trata de Personas

 

Venezuela: Categoría 3

 

El gobierno de Venezuela no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas y no está haciendo ningún esfuerzo para conseguirlo; por consiguiente, Venezuela se mantuvo en la categoría 3. El 10 de enero de 2019 llegó a su fin el mandato del expresidente Nicolás Maduro.  El 23 de enero de 2019 Juan Guaidó asumió el cargo de presidente interino. Sin embargo, el expresidente Maduro se negó a ceder el poder impidiendo que el presidente interino Guaidó tomara el control dentro del país. A pesar de la falta de esfuerzos significativos, en 2019 las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro crearon una fiscalía especializada para supervisar las investigaciones y enjuiciamientos por trata de personas y según informes de la prensa, iniciaron un proceso judicial contra tres funcionarios cómplices en un caso importante que involucraba posibles víctimas de trata de personas que desaparecieron en el mar. No obstante, las autoridades no informaron haber asistido a ninguna víctima, ni haber investigado, procesado, o condenado a ningún tratante de personas. Las autoridades venezolanas no hicieron suficientes esfuerzos para frenar el reclutamiento forzoso de niños venezolanos por parte de grupos armados ilegales colombianos que operan en su territorio de manera impune y no hicieron ningún esfuerzo para investigar a profesionales médicos cubanos en busca de indicadores de tráfico o trata de personas.

 

Recomendaciones priorizadas

 

Investigar, llevar a juicio, y condenar los casos de trata de personas, incluyendo a funcionarios cómplices y cualquier persona involucrada en el reclutamiento forzado de niños en grupos armados ilegales. • Proporcionar servicios especializados a todas las víctimas de trata de personas, incluyendo a víctimas que son repatriadas, niños soldados, hombres, niños, y personas de la comunidad LGBTI. • Redactar y promulgar leyes amplias contra la trata de personas que criminalice todas sus formas, incluyendo la criminalización del tráfico sexual infantil en el que no se usa la fuerza, el fraude o la coerción, y la trata de hombres y niños. • Incrementar el número de personal y el financiamiento de la oficina especial de la fiscalía para combatir la trata de personas. • Educar a los venezolanos que huyen del país sobre los riesgos de la trata de personas, así como dónde y cómo solicitar servicios de apoyo. • Capacitar a todos los funcionarios de migración y cuerpos de seguridad que operan en los pasos fronterizos sobre los indicadores de la trata de personas. • Dadas las graves preocupaciones en torno a indicadores de trabajo forzoso en las Misiones Médicas Cubanas, interrogar a los profesionales médicos cubanos para detectar indicios de trata de personas y referir a aquellos identificados a las entidades competentes. • Trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y otros proveedores de servicios para asistir a las víctimas. • Implementar procedimientos formales y capacitación tanto para identificar a las víctimas de la trata de personas en poblaciones vulnerables, por ejemplo, las personas que se dedican a la prostitución, como para remitir a dichas víctimas para que reciban atención. • Desarrollar y publicar un plan de acción contra la trata de personas teniendo en cuenta los desafíos actuales y asignar recursos para su implementación. • Mejorar la cooperación interinstitucional mediante la formación de un grupo de trabajo permanente para la lucha contra la trata de personas. • Mejorar la recopilación de datos sobre los esfuerzos gubernamentales contra la trata de personas y poner esta información a disposición del público.

 

Enjuiciamiento

Los esfuerzos de las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro para hacer cumplir la ley fueron deficientes. La legislación venezolana no criminalizó todas las formas de trata de personas. La ley venezolana estableció como delito la explotación laboral y algunas formas de tráfico sexual de mujeres y niñas a través de una ley de 2007 sobre los derechos de la mujer que establecía penas de 15 a 20 años de prisión.  En contradicción con lo estipulado en el derecho internacional, la ley exige pruebas del uso de la fuerza, el fraude, o la coerción para indicar que se está ante un caso de tráfico sexual de menores y por lo tanto no criminalizó la de trata de personas en todas sus formas. La legislación venezolana no estableció como delito la trata de hombres y niños cuando los perpetradores no forman parte de un grupo criminal organizado. La ley sobre el crimen organizado criminalizó la trata de personas por bandas criminales organizadas conformadas por tres o más personas, e impone una pena de 20 a 30 años de prisión.  Las penas por estos delitos de trata de personas fueron lo suficientemente severas y, con respecto a la trata con fines de explotación sexual, equivalen a las penas previstas para otros delitos graves, como la violación.

La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), con una plantilla de aproximadamente 60 empleados, siguió siendo el principal organismo de investigación de los delitos de trata de personas. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios no investigaron delitos de trata de personas o delitos relacionados con la trata de personas. Las autoridades venezolanas no reportaron ningún adiestramiento u operación en el año 2019, a pesar del aumento de las denuncias de trata de venezolanos en las regiones fronterizas. Las autoridades no informaron haber investigado, procesado, o condenado a nadie por trata de personas. Sin embargo, informes de prensa indicaron que 17 personas fueron arrestadas o señaladas por delitos de trata de personas en el año 2019, en comparación a 99 personas que fueron arrestadas o señaladas en el año 2018.  En un caso importante, las autoridades de Maduro arrestaron y señalaron a nueve personas, entre ellas tres funcionarios cómplices, por delitos de trata de personas después de que un barco que se dirigía a Trinidad y Tobago, que presuntamente transportaba a 90 migrantes venezolanos que huían del país, naufragara en el mar. Según grupos involucrados en la materia, en ocasiones los tratantes de personas abandonan los barcos en el mar y explotan sexualmente a mujeres y niñas en islas del Caribe aledañas. En noviembre, el fiscal general del régimen de Maduro estableció una fiscalía especial para investigar los delitos de trata de mujeres, desarrollar políticas contra la trata de personas, y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia. Los grupos involucrados en el tema elogiaron la decisión, pero indicaron que la oficina permanecía sin personal y tan solo contaba con un fiscal para todo el país, y que su ordenanza no incluía delitos de trata de personas contra personas transgénero, niños, u hombres. Como resultado, estos grupos quedan desprotegidos y corren el riesgo de volver a ser víctimas.

Las autoridades no reportaron ninguna investigación de complicidad en los delitos de trata de personas. Sin embargo, algunos observadores informaron que las autoridades venezolanas facilitaron y en ocasiones participaron activamente en delitos de trata de personas cerca de las zonas fronterizas. Según grupos relacionados al tema, funcionarios de los más altos rangos vinculados a Maduro eran cómplices de delitos de trata de personas, los cuales fueron perpetrados por grupos armados ilegales que operan en territorio venezolano de manera impune. Una investigación llevada a cabo por la Asamblea Nacional elegida democráticamente indicó que funcionarios de la guardia costera, de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad eran permisivos en los delitos transnacionales de trata de personas, al permitir la partida de barcos que se dirigían hacia las islas del Caribe transportando a víctimas de trata de personas.

Protección

Las autoridades venezolanas no informaron acerca de ningún esfuerzo realizado para identificar o proteger a las víctimas. Según fuentes de los medios de comunicación, ONCDOFT continuó proporcionando una línea disponible las 24 horas para recibir denuncias generales de abuso contra mujeres, incluyendo denuncias de trata de personas. Sin embargo, varios de los números proporcionados a menudo se encontraban inactivos. Las autoridades venezolanas no reportaron haber identificado víctimas de trata de personas entre las poblaciones vulnerables, ni haber remitido víctimas a los servicios competentes en el año 2019. Una organización de la sociedad civil estimó que las autoridades del gobierno de Maduro habían identificado aproximadamente 273 víctimas de explotación a manos de redes de trata de personas entre los meses de enero y junio.

En años anteriores, la remisión de víctimas a los diferentes entes públicos, entre ellos la ONCDOFT y el Ministerio para la mujer se hizo de manera circunstancial. La disponibilidad de servicios de atención a las víctimas continuó siendo limitada y no hubo refugios especializados para las víctimas de la trata de personas en el país. La sociedad civil y organizaciones religiosas prestaron asistencia a las víctimas de la trata de personas, incluyendo servicios de atención para los niños víctimas de explotación infantil en el estado Táchira, asistencia psicológica ambulatoria para adultos y niños víctimas de explotación sexual, incluyendo la trata de personas; y refugio para mujeres víctimas de explotación sexual, incluyendo la trata de personas. Históricamente, las víctimas podían acceder a los centros públicos de atención para víctimas de violencia doméstica o de jóvenes en riesgo, aunque los servicios para las víctimas de género masculino fueron mínimos. Las leyes venezolanas y las autoridades del gobierno de Maduro no conceptualizaron el género masculino como posibles víctimas de la trata de personas, por lo tanto, es probable que no existan servicios de atención para hombres víctimas de la trata de personas, en particular para hombres adultos. Según se informa, el gobierno de Maduro puso a disposición de las víctimas de la trata de personas exámenes psicológicos y médicos, pero otros servicios adicionales de atención a las víctimas, tales como seguimiento de la asistencia médica, asistencia legal para la presentación de denuncias, capacitación laboral y asistencia para la reinserción, fueron extremadamente limitados. Fuentes de medios internacionales continuaron informando sobre el creciente número de víctimas venezolanas identificadas en el extranjero, muchas de ellas repatriadas o deportadas a Venezuela. El gobierno de Maduro no informó que tipo de atención, si la hubo, proporcionaron a las víctimas a su retorno, o si las autoridades venezolanas coordinaron esfuerzos con gobiernos extranjeros para garantizar la protección de dichas víctimas.

 

Prevención

Los esfuerzos de prevención del gobierno venezolano bajo el mandato de Maduro fueron inadecuados. No hubo ningún organismo interinstitucional permanente encargado de la lucha contra la trata de personas, y aunque las autoridades alegan contar con un plan nacional de acción desde el año 2006, no queda claro si se implementó o si se actualizó para incluir desafíos apremiantes como el aumento de los casos trabajo forzoso en empleados domésticos, un mayor número de víctimas repatriadas desde otros países, y los esfuerzos necesarios para mitigar la explotación de quienes abandonan el país como resultado de la crisis económica. La ONCDOFT organizó una proyección de películas, con la participación de funcionarios policiales voluntarios, para crear conciencia sobre los delitos de trata de personas, y el Ministerio para la Mujer en el estado de Miranda también convocó un foro para discutir temas relacionados con la trata de personas. En ambos casos, no quedó claro quiénes asistieron o quienes formaron parte del público. El gobierno venezolano no brindó capacitación sobre la trata de personas a su personal diplomático y tampoco informó sobre la realización de actividades específicas dirigidas a reducir la demanda de actos sexuales con fines comerciales.

 

Perfil de la Trata de Personas

Tal como se ha reportado en los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan tanto a víctimas venezolanas como extranjeras dentro de Venezuela, y a víctimas venezolanas en el extranjero. A medida que la situación económica continuó su rumbo hacia un deterioro crítico, más de 5 millones de venezolanos han huido de Venezuela hacia países vecinos. La ONU estima que aproximadamente 6,5 millones de venezolanos habrán huido del país para finales del año 2020. Los tratantes de personas han cometido delitos de explotación contra víctimas venezolanas en Aruba, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Macao, México, Panamá, Perú, España, Surinam, y Trinidad y Tobago. Tanto mujeres como niñas venezolanas fueron particularmente vulnerables al tráfico sexual en Colombia y Ecuador. Un informe de prensa no corroborado alegó que el Ministerio del Interior Español informó que a mediados de 2019 se habían identificado en España 391 venezolanos víctima de la trata de personas. Si bien las autoridades españolas no confirmaron el número exacto de víctimas venezolanas identificadas, informaron que en 2019 Venezuela fue el país número uno de víctimas explotadas en España. Las ONG señalaron que la trata de personas con fines sexuales y de trabajo en el servicio doméstico forzoso aumentó en el país en 2019. Los tratantes de personas explotaron cada vez más a hombres venezolanos para fines de trabajos forzosos en otros países, incluyendo las islas caribeñas holandesas. Los grupos armados ilegales disidentes de Colombia, especialmente los que se encuentran cerca de las zonas fronterizas, sometieron a ciudadanos venezolanos a criminalidad y reclutamiento forzoso. En 2019, la ONU, gobiernos extranjeros, medios de comunicación, y ONGs reconocidas reportaron que funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades locales que en su mayoría se encontraban en zonas fronterizas, confabularon, toleraron, y permitieron que grupos armados ilegales colombianos operaran en territorio venezolano de manera impune. Funcionarios venezolanos que actuaban a instancias del expresidente Nicolás Maduro y su entorno, o en pro de sus propios intereses personales, incluso motivados por el temor por su seguridad, al parecer proporcionaron apoyo y refugio, descritos a continuación, a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos crecieron mediante el reclutamiento de niños soldados y el tráfico de menores con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Los grupos armados ilegales atraen a niños en condiciones vulnerables y terribles circunstancias económicas con regalos y promesas de sustento básico a los cuales ni ellos ni sus familias tienen acceso debido a la crisis humanitaria del país, para luego reclutarlos en sus filas. Estos grupos, incluidos disidentes del ELN y las FARC, reclutan niños para fortalecer sus operaciones y aterrorizar a las comunidades fronterizas de Venezuela y países vecinos, especialmente Colombia, en áreas donde la presencia de autoridades es escasa. Un informe publicado en 2019 documentó la presencia de seis movimientos disidentes conformados por excombatientes de las FARC en al menos siete de los 24 estados venezolanos, entre ellos Amazonas, Apure, Bolívar, Guárico, Mérida, Táchira, y Zulia, cinco de los cuales son estados fronterizos. Las autoridades colombianas estimaron que había aproximadamente 36 campamentos del ELN ubicados en el lado venezolano de la frontera colombo-venezolana. Los miembros del antiguo régimen de Maduro dependieron en gran medida del ELN, de disidentes de las FARC, de grupos criminales, y de las actividades criminales y terroristas de los grupos armados pro-régimen en Venezuela, incluyendo la trata de personas, para mantener su control ilegítimo dentro el país. Según presuntos documentos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), un alto comandante de las Fuerzas Armadas ordenó a miembros del Ejército, de la Guardia Nacional y de las milicias leales al expresidente Maduro que operaban en cuatro estados de la frontera colombo-venezolana que evitaran enfrentarse con los grupos armados ilegales colombianos en territorio venezolano y los exhortó a apoyar y colaborar con sus operaciones. Miembros del antiguo régimen de Maduro proporcionaron apoyo y refugio, lo cual permitió el crecimiento incesante de estos grupos, y propició una amenaza de desestabilización en la región, a medida que crecían sus filas debido a la explotación de menores con fines de tráfico sexual, trabajo y reclutamiento forzoso. Según las ONGs, el trabajo forzoso es un castigo común por violar las normas impuestas por estos grupos armados.  Los grupos armados ilegales explotaron a ciudadanos venezolanos, incluidos niños, con fines de trabajos forzosos en zonas mineras, y a mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Los tratantes de personas someten a mujeres y niñas venezolanas, entre ellas algunas atraídas desde las regiones pobres del interior del país hacia Caracas, Maracaibo, y la isla de Margarita, con fines de explotación sexual y de turismo de explotación sexual infantil dentro del país. Los tratantes o traficantes de personas, a menudo familiares de las víctimas, explotan a menores venezolanos en calidad de servicio doméstico dentro del país. Funcionarios venezolanos y organizaciones internacionales señalaron haber identificado en Venezuela víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral provenientes de países suramericanos, caribeños, asiáticos, y africanos. Ciudadanos extranjeros que residen en Venezuela someten a nacionales de Ecuador, Filipinas, y otros países a trabajos forzados en el servicio doméstico. Existen operaciones mineras ilegales en algunas de las zonas más remotas del país, incluyendo el estado Bolívar, donde los tratantes de personas explotan a niñas con fines de tráfico sexual, reclutan por la fuerza a jóvenes para que se unan a grupos criminales armados, y obligan a niños a trabajar en las minas en condiciones peligrosas. En 2019 hubo un aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en el sector informal de la minería. Se estima que aproximadamente el 45 por ciento de los mineros en el estado Bolívar eran menores de edad y eran extremadamente vulnerables a la trata de personas. Los grupos armados explotan a ciudadanos y víctimas de secuestro con fines de tráfico sexual y trabajos forzosos, en sectores como la agricultura, el servicio doméstico, y la construcción. Trabajadores reclutados en otras zonas del país fueron víctimas de trabajos forzados y manipulados por deudas, amenazas de violencia, e incluso la muerte. Los tratantes de personas explotaron a mujeres y niñas, especialmente a aquellas pertenecientes a comunidades indígenas. El gobierno cubano pudo haber obligado a trabajar a algunos ciudadanos cubanos que participan en sus misiones médicas en Venezuela. Algunos profesionales médicos cubanos asignados en Venezuela indicaron que los supervisores cubanos retuvieron sus documentos y los obligaron a falsificar registros médicos.

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf