INFORME DE DERECHOS HUMANOS VENEZUELA 2022
RESUMEN EJECUTIVO
Si bien Venezuela es legalmente una república constitucional multipartidista, el régimen de Nicolás Maduro pretende controlar todas las instituciones públicas. En noviembre de 2021, el régimen de Maduro organizó elecciones regionales y municipales consideradas en buena parte como sesgadas a su favor. Los observadores electorales y los medios de comunicación informaron sobre detenciones arbitrarias, criminalización de las actividades de los partidos opositores, prohibiciones de candidatos y censura de los medios durante las elecciones. Por primera vez en 15 años se le permitió actuar a la Unión Europea como observador electoral, pero el régimen de Maduro pidió a sus observadores que abandonaran el país antes de que pudieran presentar su informe final. En el informe final, la Unión Europea observó deficiencias estructurales importantes en el sistema electoral y formuló 23 recomendaciones al régimen para mejorar las condiciones electorales.
La Guardia Nacional Bolivariana – una rama del ejército que depende del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, Justicia y Paz – es responsable de mantener el orden público, custodiar el exterior de instalaciones gubernamentales y prisiones clave, realizar operaciones antinarcóticos, vigilar las fronteras, y hacer cumplir la ley en áreas remotas. El Ministerio del Interior, Justicia y Paz controla el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que realiza la mayoría de las investigaciones penales, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que recopila datos de inteligencia dentro y fuera del país e investiga los casos de corrupción, subversión y tráfico de armas. La policía está compuesta por fuerzas municipales, estatales y nacionales. Los alcaldes y gobernadores supervisan las fuerzas policiales municipales y estatales. La Policía Nacional Bolivariana depende del Ministerio del Interior, Justicia y Paz y se enfoca principalmente en vigilar el municipio Libertador de Caracas; patrullar las carreteras, vías y el sistema de metro del área de Caracas; y proteger las misiones diplomáticas. Las fuerzas armadas nacionales patrullan otras zonas del país. El control de las autoridades civiles sobre las fuerzas de seguridad siguió disminuyendo y estaba profundamente politizado. El régimen de Maduro, cada vez más impopular entre los ciudadanos, dependía de los servicios de inteligencia civiles y militares, y en menor medida, de las bandas armadas en favor del régimen conocidas como colectivos, para neutralizar la oposición política y someter a la población. Hubo informes sobre los numerosos abusos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad, como el de septiembre de la ONU que detalló el uso sistemático del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Dirección de Contrainteligencia Militar para intimidar y controlar las actividades de los opositores políticos.
Entre los asuntos importantes sobre los derechos humanos figuraban informes fidedignos de: asesinatos ilegales o arbitrarios, incluyendo homicidios extrajudiciales cometidos por las fuerzas del régimen; desapariciones forzadas por parte del régimen; tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes o castigos por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad; presos o detenidos políticos; graves problemas con la independencia del poder judicial; interferencia ilegal en la privacidad; reclutamiento o utilización ilegales de niños soldados; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia, arrestos o enjuiciamientos injustificados de periodistas, censura y aplicación o amenaza de hacer cumplir las leyes penales de difamación para limitar la expresión; restricciones graves a la libertad de internet; interferencia sustancial con la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluyendo leyes excesivamente restrictivas sobre la organización, financiamiento u operación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil; incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas; restricciones graves e irrazonables a la participación política; grave corrupción gubernamental; graves restricciones sobre u hostigamiento de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales; la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, la violencia en el lugar de trabajo, el feminicidio y otras formas de este tipo de violencia; barreras sustanciales para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva; delitos violentos o amenazantes en contra de los pueblos indígenas tales como los Yanomami; trata de personas; delitos violentos o amenazantes contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y a las peores formas de trabajo infantil.
El régimen de Maduro no adoptó ninguna medida eficaz para identificar, investigar, enjuiciar o castigar significativamente a los oficiales que pudieron haber cometido abusos contra los derechos humanos o participado en actos de corrupción.
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