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El informe sostiene que tanto Nicolás Maduro como sus Ministros del Interior y de Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados
El documento presentado por la Misión de Verificación de Hechos de la ONU, denuncia que el régimen de Nicolás Maduro y las instituciones a su cargo han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno” cometiendo miles de abusos de derechos humanos contra el pueblo Venezolano.
En el informe se constató que las principales personas a quien dirigían las violaciones eran críticos del régimen con alto perfil público, personas que lograron prominencia, personas percibidas como una amenaza debido a sus acciones como oficiales políticos, militares activos y retirados, funcionarios públicos, jueces, abogados, periodistas, usuarios de redes sociales, protestantes, y trabajadores de salud. Se nota con ejemplos específicos de los abusos de derechos humanos del régimen de Maduro.
El informe encuentra motivos razonables para creer que durante el período examinado, se utilizaron detenciones arbitrarias contra estas personas que también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual, a manos de las agencias de inteligencia SEBIN y DGCIM usando instalaciones clandestinas.
La comisión asignada por la ONU informó que tiene motivos razonables para creer que en varios casos, el SEBIN fabricó evidencias, entre otras cosas, colocando pruebas falsas a las víctimas, especialmente armas de fuego y/o distorsionando los resultados de los allanamientos de casas o automóviles.
En el caso del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens, funcionarios/as del SEBIN al parecer administraron drogas psicotrópicas para inducir una confesión.
Por otra parte, investigaron el caso de Fernando Albán, quien falleció mientras estaba bajo custodia del SEBIN. Funcionarios/as de alto nivel consideraron públicamente que la muerte de Fernando Albán fue un suicidio, aunque la evidencia forense plantea dudas sobre esta conclusión.
Hay motivos razonables para creer que durante los despliegues de policiales llamados Operación Liberación del Pueblo y luego conocidos como Operación de Liberación Humanista del Pueblo, las fuerzas de seguridad falsificaron pruebas o simularon enfrentamientos. Los agentes de seguridad entraron en las casas e incautaron objetos sin una orden de allanamiento. También documentaron denuncias constantes de testigos y víctimas sobre que las fuerzas de seguridad destruyeron muebles e instalaciones y robaron bienes como alimentos y enseres domésticos así como dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras y otros objetos de valor.
Los abusos de los derechos humanos y los delitos descritos en el informe dan lugar a la responsabilidad del régimen de Maduro y sus autoridades.
Para leer el informe completo redactado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ingrese a: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_33_UnofficialSpanishVersion.pdf