Informe Internacional sobre la Libertad de Religión – VENEZUELA 2016

INFORME INTERNACIONAL SOBRE LA LIBERTAD DE RELIGIÓN

VENEZUELA 2016

Resumen ejecutivo

La Constitución prevé libertad de religión y culto siempre que no se oponga a la moral, las buenas costumbres y el orden público. La Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) está encargada de mantener un registro de los grupos religiosos, desembolsar fondos públicos para las organizaciones religiosas y promover la concienciación y el entendimiento entre las comunidades religiosas. Varias organizaciones religiosas se han dado cuenta de las dificultades y los retrasos burocráticos con el gobierno en cuanto al registro y aprobación de los nuevos estatutos internos; uno de los grupos religiosos atribuyó a factores políticos un retraso de cuatro años para la aprobación oficial de sus estatutos. El Consejo Evangélico de Venezuela (CEV) y algunos representantes de la Iglesia Católica señalaron que el gobierno brinda trato preferencial a ciertos grupos religiosos cordiales con sus políticas. La dirigencia judía ha señalado que las críticas hacia Israel en medios afectos al gobierno o controlados por este fueron frecuentemente antisemitas. El 14 de febrero, un grupo de sujetos ingresaron indebidamente a la residencia del alcalde del Municipio El Hatillo, el Sr. David Smolansky —fuerte opositor del gobierno y miembro muy conocido de la comunidad judía— y se robaron varios artículos, además de que pintaron una Estrella de David en una de las paredes de la residencia. Smolansky responsabilizó al gobierno de lo sucedido y afirmó que el hecho tenía una motivación política.

La dirigencia de la Iglesia Católica condenó tanto los ataques que simpatizantes del gobierno han lanzado en la prensa y redes sociales contra miembros del clero como los casos de vandalismo de bienes de la Iglesia.

Los funcionarios del gobierno no dieron ninguna respuesta sobre las reuniones que los Estados Unidos solicitaron para abordar los problemas que giran en torno a la libertad de religión y culto. La Embajada de los Estados Unidos se mantuvo durante el periodo en cuestión en contacto con un amplio número de comunidades religiosas.

Punto I. Demografía religiosa

El gobierno de los Estados Unidos estima que la población total asciende a 30,9 millones de habitantes (cálculo para julio de 2016). Según el Anuario Pontificio, 79 % de la población es católica.   Otras fuentes señalan que el número de católicos supera el 90 %. El resto de la población se divide entre cristianos evangélicos, mormones, testigos de Jehovah, musulmanes, bahaí y judíos.

El CEV calcula que 17 % de la población es protestante con una mayoría que asiste a las iglesias evangélicas. Los mormones estiman un total de 165.500 seguidores. Mientras tanto, la comunidad musulmana alcanza más de 100.000 miembros, la mayoría descendientes libaneses y sirios que habitan en el Estado Nueva Esparta y el área de Caracas. La comunidad de bahaí cuenta aproximadamente con 20.000 miembros, en tanto que la comunidad judía roza los 9.000 miembros concentrados en Caracas.

Punto II. Respeto del gobierno hacia la libertad de religión y culto

Marco legal

La Constitución establece libertad de religión y culto siempre que su práctica no se oponga a la moral, las buenas costumbres y al orden público. Un concordato de 1964 rige las relaciones entre el gobierno y la Santa Sede, y estable las bases para los pagos que debe efectuar el gobierno a la Iglesia Católica en razón de los programas educativos.

La Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, adjunta al MPPRIJP está encargada de mantener un registro de los grupos religiosos, desembolsar fondos públicos para las organizaciones religiosas y promover la concienciación y el entendimiento entre las comunidades religiosas. Cada grupo religioso debe registrarse ante la Dirección de Justicia y Culto para contar con estatus legal como organización religiosa. A tal efecto, los grupos religiosos deben hacer una declaración de patrimonio, la identificación de sus autoridades religiosas y presentar el documento de constitución. Los grupos religiosos deberán probar que brindarán servicios sociales a las comunidades y deberán contar con una carta de aceptación del consejo comunal de la localidad en la que el grupo pretende trabajar. El MPPRIJP revisa las solicitudes y podrá retrasar su aprobación indefinidamente. Los grupos religiosos deben igualmente registrar ante la Dirección de Justicia y Culto los nuevos estatutos que establezcan.

Conforme a la ley, los capellanes católicos atenderán las necesidades espirituales de los católicos que presten servicio en el ejército. No se prevén otros servicios religiosos en el ejército.

El país figura como parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Prácticas del gobierno 

Varios grupos religiosos manifestaron haber tenido dificultades para identificar a las personas apropiadas dentro de la Dirección de Justicia y Culto a los efectos de canalizar sus solicitudes de registro, situación que ha imposibilitado los respectivos registros o que ha generado retrasos en los mismos. En algunos casos, los retrasos se atribuyeron a la alta rotación de funcionarios públicos en la Dirección de Justicia y Culto. Para finales de año, el Ministerio no había aprobado nuevos estatutos internos del CEV a pesar de que la solicitud se presentó con cuatro años de antelación. Fuentes del CEV indicaron que el Ministerio retuvo la aprobación porque estaba en desacuerdo con la presencia de Misión Nuevas Tribus (NTM, por sus siglas en inglés) dentro del Consejo. NTM ha estado fuera del país desde 2005, año en que fue expulsada por el presidente Hugo Chávez. En agosto, el CEV denunció formalmente el proceso de solicitud y lo tildó de inconstitucional y discriminatorio.

El CEV señaló que el gobierno continuó favoreciendo a las organizaciones religiosas abiertas a sus políticas. Según fuentes del CEV, en 2014 el gobierno organizó un encuentro a la luz de la violencia política en el país, pero solo invitó a aquellas iglesias evangélicas que aparentemente mostraban su apoyo a las políticas del gobierno. A partir de ese momento, dirigentes religiosos informaron que la política del gobierno no presentaba cambios lo que redundó en el realce de los perfiles de esos grupos religiosos afectos al gobierno, especialmente en los medios controlados por el gobierno. La dirigencia de la iglesia considerada políticamente activa señaló que sus organizaciones fueron marginadas. De manera ilustrativa, algunos grupos religiosos con aparente afecto a la oposición fueron excluidos de los eventos organizados por el gobierno o no fueron tomados en cuenta por los medios controlados por este.

En febrero, unos sujetos ingresaron indebidamente a la residencia del alcalde del Municipio El Hatillo, el Sr. David Smolansky, opositor del gobierno y reconocido miembro de la comunidad judía. Los intrusos se robaron una computadora entre otros artículos, y pintaron una Estrella de David en una de las paredes. A pesar de que Smolansky afirmó que la motivación principal del acto fue política, en vez de religiosa, acusó al gobierno de ser el responsable de crear un ambiente de intolerancia.

Durante una reunión informal en mayo del Consejo de las Naciones Unidas sobre el pueblo palestino y el antisemitismo, el embajador venezolano ante las Naciones Unidas, el Sr. Rafael Ramírez, preguntó si Israel buscaba “perpetrar una solución final”, palabras que los observadores vincularon directamente con la “solución final” de la política de los nazis. Posteriormente, Ramírez se disculpó con el enviado de Israel ante la ONU y lamentó sus comentarios. Asimismo, reafirmó estar en contra de toda forma antisemita y sentir amplio respeto por las millones de víctimas del Holocausto.

La dirigencia judía ha señalado que las críticas hacia Israel en medios afectos al gobierno o controlados por este fueron frecuentemente antisemitas. Muchos de sus artículos fueron reimpresiones de HispanTV, medio auspiciado por el gobierno iraní. Por su parte, TeleSur publicó periódicamente artículos del bloguero Pablo Jofre Leal, quien acusó a Israel de realizar limpiezas étnicas, comparó al primer ministro Benjamin Netanyahu con Hitler y tildó el liderazgo israelí de judío-nazi. En marzo, varios medios adscritos al gobierno publicaron una entrevista en la que Jehad Yusef, miembro del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, comparó las actividades del gobierno israelí en Cisjordania y Gaza con el Holocausto. En agosto, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV) condenó la revista Las Verdades de Miguel por su trasfondo antisemita. La portada de la revista semanal, cuya circulación asciende a 5.000, exhibió una caricatura de un judío ortodoxo y acusó a individuos de origen judío de corrupción en Cadivi. En el diario independiente La Razón, el embajador ante Catar, el Sr. Julián Rivas, publicó algunos artículos en los que acusaba a los Estados Unidos e Israel de una conspiración colonialista mundial, y empleo el término anglo-sionismo.

Punto III. El estado del respecto social para la libertad de religión y culto 

En enero, vándalos atacaron varias iglesias en Mérida en antesala a la visita del nuncio a la ciudad. Según información de prensa, los vándalos intentaron quemar varios edificios mientras otros fueron pintarrajeados con grafiti en rechazo a la iglesia y en apoyo al gobierno. La policía no llevó adelante ninguna investigación ni presento cargos por tales acciones.

En julio, medios informaron que simpatizantes del gobierno en Mérida atacaron a cuatro jóvenes estudiantes de un seminario católico a quienes acusaron de participar en una marcha de la oposición. Los agresores los despojaron de sus indumentarias y los obligaron a correr desnudos por las calles. El arzobispo de Mérida condenó el ataque y señaló que “esa no era la manera de resolver las diferencias”. Tras lo sucedido, el seminario organizó una misa en apoyo a los estudiantes que contó con una amplia asistencia.

Representantes de la Iglesia Católica indicaron que algunas publicaciones en redes sociales estuvieron dirigidas a desprestigiar a la Iglesia. Informaron que en julio individuos desconocidos crearon cuentas falsas en Twitter con los nombres de dos obispos; a través de las cuentas se profirieron insultos y difundieron falsas grabaciones telefónicas. Fuentes de la iglesia señalaron que las grabaciones fueron retuiteadas por la entonces ministra de Asuntos Penitenciarios.

Fuentes de la Iglesia Católica denunciaron casos de profanación de tumbas y el intento de un grupo de personas de invadir propiedades de la iglesia. En este último, la Guardia Nacional terminó desalojando a los invasores.

Punto IV. Política del gobierno de los Estados Unidos

El gobierno no respondió a las solicitudes de reunión que presentó la Embajada de los Estados Unidos con el fin de discutir el tema de la libertad de religión y culto.

La Embajada se reunió de manera regular con un amplio número de comunidades religiosas y dirigentes religiosos para discutir el trato desigual que el gobierno da a los grupos religiosos durante el proceso de registro. Todos los grupos manifestaron su preocupación por los actos vandálicos. En septiembre, el jefe de misión y funcionarios de la embajada sostuvieron algunas reuniones con el nuncio y representantes del CEV, CAIV y la comunidad musulmana en Caracas.

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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.