Informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos 2020

OFICINA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

30 DE MARZO, 2021

Extractos de Venezuela

EJK: Las Naciones Unidas reportaron que las fuerzas de seguridad cometieron más de 2.000 asesinatos entre enero y septiembre, muchos de ellos pueden “constituir ejecuciones extrajudiciales”. Un ejemplo es del 20 de agosto con la muerte de Andres Nieves Zacarias y Victor Torres, muertos por las FAES durante una redada en las oficinas de Guacamaya TV en el Estado Zulia. El padre de Torres, director de esa estación de TV, expresó que las FAES incautó todo el equipo audiovisual y sembró armas en los cuerpos de las víctimas para simular una confrontación. El abogado del régimen ilegítimo Tarek William Saab llamó a los homicidios ejecuciones extrajudiciales.

Una Misión Independiente Internacional  para la Determinación de los Hechos (FFM) sobre Venezuela reportó en septiembre que las ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por oficiales pertenecientes al CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas). La FFM concluyó que habían pruebas razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad planificaron y ejecutaron serias violaciones de los derechos humanos, incluyendo asesinatos, algunos de los cuales son catalogados como crímenes de lesa humanidad desde 2014. El reporte de la FFM también incluyó que habían pruebas razonables sobre que Maduro y otros oficiales del régimen ordenaron o contribuyeron o estuvieron involucrados en la comisión de crímenes y abusos a los derechos humanos documentados en el reporte de la FFM.

Desaparición Las ONG ‘s documentaron 753 desapariciones forzadas de detenidos políticos entre 2018 y junio 2020. Una investigación de la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH de las Naciones Unidas encontró que casi todos los individuos detenidos por la DGCIM fueron sujetos a desapariciones forzadas por periodos entre siete y cuarenta días luego de su arresto. El 10 de marzo, las FAES detuvo al Diputado de la Asamblea Nacional, Renzo Prieto y a sus dos asistentes sin orden de arresto, luego de que los tres participaran en una protesta en apoyo al presidente interino Guaidó. Las autoridades del régimen ilegítimo de Maduro no revelaron el lugar de reclusión de Prieto ni permitieron alguna forma de comunicación entre Prieto y su familia o los abogados durante su detención.

Tortura: las ONG identificaron 574 casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad alineadas con el régimen en 2019, lo que resultó en la muerte de al menos 23 personas. Las ONG informaron que miembros de las fuerzas armadas representaban un número creciente de víctimas de tortura, como el Capitán Naval retirado Rafael Acosta Arévalo, quien murió a causa de las heridas sufridas por torturas mientras se encontraba bajo custodia del régimen, en junio de 2019. El activista político Vasco Da Costa, que había sido detenido en la prisión militar de Ramo Verde, a pesar de ser un civil, describió períodos prolongados de tortura a manos de la DGCIM, que incluyeron el uso de descargas eléctricas, simulaciones de ahogamiento y golpes en los pies y el estómago, hasta el punto de que perdió el control de sus intestinos. Según Da Costa, los guardias de la prisión golpearon y mutilaron sistemáticamente a los detenidos de acuerdo con las ocupaciones de los detenidos, apuntando las piernas de los soldados, las manos de un cirujano que fue arrestado por ser cónyuge de una soldado buscada por el régimen, y en el caso de Da Costa, sus ojos por su papel de académico.

Detención arbitraria:  Las ONG ‘s documentaron 281 casos de detenciones arbitrarias entre el 1ro. de enero y el 31 de  julio. El 9 de mayo, las fuerzas de seguridad del régimen arrestaron a Junior Pantoja, un ex concejal y gerente, durante una violenta confrontación con pandillas armadas en una zona de Caracas. Los familiares de Pantoja y sus vecinos, así como la Asamblea Nacional, lo catalogaron como arresto arbitrario y motivado políticamente debido a su rol como líder comunitario.  El abogado de Pantoja denunció que las fuerzas de seguridad implantaron cinco balas en Pantoja para arrestarlo por actividad relacionada con pandillas y tráfico de armas. El 24 de junio fue liberado y el 23 de agosto falleció debido a una infección respiratoria luego que su salud se deterioró mientras estaba en custodia del régimen.

Libertad de expresión: El régimen ilegítimo de Maduro amenazó, acosó y arrestó a periodistas, políticos de oposición y trabajadores de la salud por hablar sobre el COVID-19 y la respuesta a la pandemia. Las ONG documentaron al menos 59 arrestos hasta septiembre, por cobertura de COVID-19. El 17 de marzo, la DGCIM detuvo al médico Rubén Duarte por publicar un video deplorando la falta de insumos y equipos de protección personal (EPP) en el Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira. En agosto, la ONG Médicos Unidos de Venezuela informó que al menos 12 trabajadores de la salud fueron arrestados por exigir EPP. Los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, que temían por su seguridad y la de los demás al trabajar sin EPP, informaron que también enfrentaron la represión del régimen por no presentarse a trabajar.