Declaraciones del representante interino de los EE.UU. ante la OEA para recibir a la Ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela

Declaraciones de Michael J. Fitzpatrick, representante interino de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, durante la Reunión Extraordinaria del Consejo Permanente celebrada el 19 de marzo de 2015 para recibir a la Ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela

Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y cada uno de ustedes, estimados ministros, secretario general, representantes permanentes y delegados.

Esta sesión tardó mucho en llegar.

Hace más de un año, el Hemisferio fue testigo de la terrible violencia en las calles y manifestaciones sociales que se suscitaron en Venezuela y que nos sorprendieron y entristecieron a todos. Hoy —transcurrido más de un año— tenemos por primera vez la oportunidad en la OEA de escuchar directamente a la canciller venezolana Rodríguez hablar sobre las causas que condujeron a tal violencia, la situación actual del país y —espero— lo que podemos hacer como comunidad democrática del hemisferio para apoyar al gobierno venezolano y a su pueblo para que puedan sentarse a resolver sus diferencias en un ambiente constructivo y respetuoso.

Vamos a enfocar esta discusión no desde el falso espectro de la intervención extranjera, sino desde el espíritu del diálogo cortés y el respeto a los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos venezolanos. Esa es definitivamente nuestra intención en el día de hoy.

Un diálogo entre venezolanos, donde se discutan con respeto los múltiples retos sociales, políticos y económicos existentes en el país. Eso, señora presidenta, es el final deseado de la política estadounidense con respecto a Venezuela.

Por esta razón, Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos regionales para promover la reconciliación en Venezuela, tal como lo manifestaron los cancilleres de UNASUR el pasado 14 de marzo.

Tenemos canales diplomáticos bilaterales con Venezuela para manejar nuestras relaciones, y siempre hemos estado dispuestos a utilizarlos. Estamos listos para hacerlo.

Mi gobierno igualmente agradece esta oportunidad para explicar qué contempla y qué no el decreto ejecutivo que emitió el presidente Obama el 9 de marzo; y cómo se malinterpretó o malentendió el lenguaje utilizado.

El decreto es un tema que ha sido tratado con mucha inexactitud entre los medios.

Nos complace poder aclarar esto pública y transparentemente, y esperamos continuar dialogando respetuosamente en los próximos días y semanas.

Señora presidenta, permítame comenzar resaltando que la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela 2014, promulgada en Estados Unidos el diciembre, exige que para que el presidente pueda imponer cualquier sanción, debe hacer uso de los poderes que le otorga la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para congelar los activos que ciudadanos y empresas no estadounidenses posean en Estados Unidos.

La IEEPA, promulgada en 1977, autoriza al presidente de Estados Unidos a tomar tal medida basándose en la constatación de  una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional o a la política exterior de Estados Unidos, y declarando una “emergencia nacional para enfrentar tal amenaza”.

Ese es el lenguaje de la disposición legal que se requiere del presidente para implementar las acciones que dicta la ley que aprobó el Congreso en diciembre.

Desde la introducción de esta ley hace casi 40 años, hemos declarado decenas de emergencias nacionales similares —usando este mismo lenguaje— en el marco de desafíos que van desde el debilitamiento de las instituciones y procesos democráticos en Bielorrusia y Zimbabue hasta el narcotráfico en Colombia y México. Estos hallazgos no representaron un “preludio a una invasión”, como se ha erróneamente alegado. Ciertamente, en los casos de Colombia, México y otras figuras del crimen organizado, los gobiernos asociados acogieron estos anuncios y medidas como prueba de nuestra responsabilidad compartida en la lucha contra los delitos en materia de drogas.

La decisión que tomó el presidente el 9 de marzo debe leerse en su totalidad para comprender a plenitud que el presidente está ejerciendo un derecho soberano para proteger prerrogativas inmigratorias en Estados Unidos, y para proteger el sistema financiero estadounidense de inversores no deseados y de su dinero.

No hay un componente extraterritorial con respecto a este decreto ejecutivo; se trata de una ley interna.

Cada uno de sus países posee este derecho soberano y lo ejerce regularmente. De hecho, muchos de sus gobiernos han trabajado individual y colectivamente el uno con el otro, con Estados Unidos y los organismos internacionales para restringir la entrada legal de muchos viajeros extranjeros basándose en pruebas o acusaciones creíbles de actividades delictivas, delitos de lesa humanidad, abuso de derechos humanos, actividades terroristas, entre otras.

Ahora bien, tal como lo dije anteriormente, algunos han puesto el lenguaje de la IEEPA fuera de contexto y han sugerido que Estados Unidos pretende actuar contra el Estado de Venezuela. Permítanme dejar esto en claro: Mi gobierno manifiesta oficialmente que ese no es el caso.

No estamos preparando ninguna invasión militar.

No estamos tratando de desestabilizar o derrocar el gobierno de Maduro con un golpe de estado.

Tampoco estamos participando en una conspiración para vulnerar la economía o lastimar al pueblo de Venezuela. Somos el socio comercial más grande de Venezuela.

Simplemente queremos evitar que venezolanos que creemos que han abusado de los derechos humanos de otros venezolanos puedan viajar a Estados Unidos o colocar dinero en nuestro sistema financiero. Así de sencillo.

EL decreto ejecutivo expone claramente que el tema tratado es la erosión de los derechos humanos y la democracia en Venezuela; y la respuesta de Estados Unidos es restringirle visas y bloquearles los activos a aquellos individuos que reúnan los criterios del decreto. Con esta acción, mi gobierno simplemente está diciendo que aquellos venezolanos que violen o abusen de los derechos humanos o socaven la democracia no serán bienvenidos en Estados Unidos y tampoco podrán utilizar nuestro sistema financiero.

A pesar de lo que alguien pueda decir, eso es todo.

Por cierto, el decreto ejecutivo es un documento público al que todos ustedes tienen acceso y pueden leer e incluso cuestionar. Consideramos que el espacio para la discusión y el dialogo de estos temas yace en el corazón de la gobernanza receptiva y responsable, y es esa también la razón por la que le damos hoy la bienvenida a la sesión de este Consejo.

Deben estar al tanto que los criterios probatorios que llevaron a tomar estas decisiones son exigentes. Nuestros presidentes no invocan esta legislación impulsivamente.  Cuando toman una decisión de este tipo lo hacen conscientes de nuestra responsabilidad para establecer casos convincentes, y esta es la situación de estos siete casos. Aun cuando dejan entre dicho nuestra posición moral para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas y la socavación de la democracia en otros países, decidir quién entra en Estados Unidos y hace uso de nuestro sistema financiero es un derecho soberano.

Mi gobierno ha escuchado con respetuosa atención las posturas de aquellos que creen que es inadmisible denunciar públicamente el estado de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el debido proceso en Venezuela. Algunos dicen que esto solo incrementa la polarización en ese país y dificulta sostener un diálogo democrático.

Al tiempo que respetamos estas posturas, debemos decir lo siguiente: si nosotros acá en la OEA —una institución que se fundó conforme a unos principios democráticos— no expresamos nuestra opinión en estos momentos, ¿cuándo lo haremos?

Hemos sido testigos de los innumerables ataques contra manifestantes pacíficos y las muchas detenciones de ellos, la escalada de restricciones a la sociedad civil, los casos omisos a los derechos de asociación, reunión y libertad de expresión y la falta de independencia judicial.

Estamos al tanto de la decisión reciente del Tribunal Supremo de Justicia de liberar a cuatro manifestantes tras un año en prisión —ese fue un gran paso. Sin embargo, el encarcelamiento persistente de Leopoldo López y Daniel Ceballos, sumado a la reciente detención y encarcelamiento del alcalde Antonio Ledezma, así como las amenazas contra el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, sugieren que la situación sigue siendo preocupante y amerita atención. Toda detención por cargos políticos que haga un miembro de la comunidad interamericana de dirigentes electos tiene que ser un tema de preocupación para todos nosotros.

Estimados colegas, no podemos darle la espalda a los derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana.

La historia de la democratización en este hemisferio se escribió con tinta de solidaridad junto a aquellos a quienes les fueron negados alguna vez sus derechos. Sin esa solidaridad internacional, ¿habrían podido exprisioneros políticos participar en una política democrática y ganar elecciones para los cargos más altos en sus tierras? Mandatarios como Dilma Rouseff, Michele Bachelet y el expresidente José Mujica.

Otros, más allá de Estados Unidos, han reconocido la importancia de reforzar las normas regionales que se lograron establecer con dificultad para promover y defender la democracia, y se han expresado. La larga lista de actores internacionales que han manifestado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela en los últimos años incluye gobiernos dentro y fuera de este hemisferio, así como entes internacionales respetados como el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Mi gobierno no asegura estar en una posición moral para criticar, pero sí tiene el derecho y está en la obligación —al igual que los demás Estados miembros de la OEA— de defender los principios contemplados en las leyes internacionales.

Mi gobierno igualmente sabe que el gobierno actual de Venezuela jamás ha escatimado para criticar públicamente las políticas estadounidenses con las que está en desacuerdo. Muchos de sus gobiernos han sido igualmente criticados desde Caracas. En el marco de la democracia, asumimos las criticas —internas y externas— con respeto, transparencia y con estricto apego a las leyes.

Mi gobierno no considera que hablar en defensa de los derechos humanos equivalga a la subversión o interferencia en los asuntos soberanos de otro Estado. Gracias en parte a la labor innovadora de este organismo, desde la Resolución 1080 (1991) hasta la Carta Democrática Interamericana (2001), nadie puede hoy en día decir que un gobierno tiene el derecho soberano de negarle a sus ciudadanos el disfrute de los derechos humanos fundamentales y las libertades fundamentales.

No obstante, señora presidenta, en caso de que alguien acá aún considere que el rechazo de mi gobierno contra el abuso a los derechos humanos en Venezuela oculta alguna mala intención contra Venezuela, permítanme nuevamente afirmar categóricamente que el gobierno de Estados Unidos no intenta socavar ni al gobierno ni a la economía de Venezuela.

Mi gobierno no desea ver una Venezuela políticamente inestable o empobrecida. Por el contrario, queremos que Venezuela luche y retome el camino de la democracia y la prosperidad verdadera y plena.

Más que nunca, queremos que los venezolanos —tanto del gobierno como de la oposición— aborden sus problemas económicos constructivamente.

Como lo señalé anteriormente, Estados Unidos es, después de todo, el mayor socio comercial de Venezuela, y el gobierno venezolano tiene acceso libre al sistema financiero estadounidense.

Hemos hecho reiterados llamados a un diálogo democrático en Venezuela, y hemos apoyado los esfuerzos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para promover ese diálogo.

Señora presidenta, Estados Unidos no es el causante de los problemas que Venezuela enfrenta hoy en día; tampoco podemos resolverlos. Esos son los problemas políticos y económicos de Venezuela, y solo el pueblo venezolano puede solucionarlos.

El papel de una comunidad internacional respetuosa, consiente de los principios de soberanía, puede facilitar el diálogo entre los venezolanos.

Quizá hay formas prácticas de ayudar a Venezuela a atravesar su crisis actual y crear las condiciones para que tenga mayor capacidad para asumir los retos políticos, sociales y económicos que enfrenta el pueblo venezolano.

Mi gobierno aprovecha la oportunidad para reiterar su profunda estima, respeto y admiración por el pueblo de Venezuela —y exaltamos el valor que le damos al fortalecimiento de las relaciones entre los dos países.

Seguimos dispuestos a hacer que el gobierno venezolano sea partícipe de un diálogo respetuoso.

Señora presidenta, apoyamos los esfuerzos de los demás países y organismos regionales para promover la reconciliación política en Venezuela, e instamos al Consejo a que siga manteniéndose al tanto de la situación de Venezuela.

Muchas gracias.