VENEZUELA: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 2019

VENEZUELA: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 2019

 

RESUMEN

 

Venezuela es legalmente una república constitucional multipartidista, pero por más de una década el poder político se ha concentrado en un solo partido, con un poder ejecutivo autoritario que ejerce un control considerable sobre el poder judicial, el poder ciudadano (que incluye la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo) y los órganos electorales del gobierno, y defiende un poder legislativo ilegítimo que funciona de forma paralela al actual poder legislativo elegido. El 10 de enero finalizó el mandato del expresidente Nicolás Maduro, quien procuró permanecer en el poder sobre la base de su pretendida “victoria” en las elecciones presidenciales de 2018, ampliamente condenadas por no ser ni libres ni imparciales; la Asamblea Nacional elegida democráticamente rechaza ese argumento. El 23 de enero Juan Guaidó, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, asumió la función de presidente interino de conformidad con las disposiciones de la constitución relativas a los puestos vacantes. El expresidente Maduro, con el apoyo de cientos de miembros de las fuerzas de seguridad cubanas, se negó a ceder el control de los instrumentos de poder del Estado, impidiendo así que el presidente interino Guaidó ejerciera autoridad dentro del país. En las elecciones legislativas de 2015, los partidos políticos de la oposición obtuvieron el control de la supermayoría (dos tercios) de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el régimen anterior de Maduro se sirvió del control que ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para crear la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que declaró a la Asamblea Nacional en situación de desacato, usurpó su función constitucional de legislar y debilitó el principio de separación de poderes establecido en la constitución.

 

El control de las autoridades civiles sobre las fuerzas de seguridad disminuyó y se politizó intensamente. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), unidad de las fuerzas armadas que depende tanto del Ministerio del Poder Popular para la Defensa como del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tiene la responsabilidad de mantener el orden público, proteger el exterior de las instalaciones gubernamentales importantes y de las cárceles, efectuar operaciones contra el narcotráfico, vigilar las fronteras y prestar servicios de cumplimiento de la ley en zonas remotas. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz controla el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que lleva a cabo la mayoría de las investigaciones penales, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que recaba información de inteligencia dentro del país y en el exterior, y es responsable de investigar los casos de corrupción, subversión y tráfico de armas. La policía comprende cuerpos policiales municipales, estatales y nacionales. Los alcaldes y los gobernadores supervisan las fuerzas policiales municipales y estatales. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) depende del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Según su sitio web, el CPNB se concentra ampliamente en la vigilancia del municipio Libertador de Caracas; el patrullaje de las carreteras, las vías ferroviarias y el sistema de metro de la zona de Caracas; y la protección de las misiones diplomáticas. El CPNB mantuvo una presencia mínima en siete de los 23 estados del país.

 

Entre los problemas importantes de derechos humanos cabe destacar los siguientes: ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, incluidas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del régimen anterior de Maduro, entre ellas los “colectivos” (grupos armados auspiciados por el régimen); desapariciones forzosas; actos de tortura por las fuerzas de seguridad; detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras que ponían en peligro la vida; prisioneros políticos; injerencia ilícita en la privacidad; y falta de independencia judicial. El régimen anterior de Maduro restringió la libertad de expresión y de prensa bloqueando sistemáticamente las señales, interfiriendo en el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio y otros medios de comunicación privados o clausurándolos. La difamación, la incitación y la divulgación de información inexacta fueron delitos susceptibles de cargos penales. El régimen anterior de Maduro utilizó la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas y la libertad de reunión. Otros problemas que cabe destacar fueron: la intimidación, el acoso y el abuso de miembros de la Asamblea Nacional, incluida la denegación de las debidas garantías procesales y la inmunidad parlamentaria; la corrupción y la impunidad generalizadas entre las fuerzas de seguridad que responden a Maduro y en otras oficinas nacionales y estatales del régimen, incluidos los niveles más altos; la trata de personas; la violencia contra personas indígenas; y las peores formas de trabajo infantil, que el régimen anterior hizo poco por eliminar.

 

Hubo denuncias constantes de abuso policial y participación policial en actos de delincuencia, en particular en actividades de grupos ilegalmente armados, incluidas detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y el uso excesivo de la fuerza. Pero el régimen anterior no adoptó ninguna medida eficaz a nivel nacional, estatal o local para investigar a los funcionarios que cometieron abusos de los derechos humanos y existió impunidad con respecto a dichos abusos. La Defensoría del Pueblo, órgano encargado de proteger los derechos humanos, no proporcionó información sobre presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por el personal policial y de las fuerzas armadas. Organizaciones no gubernamentales (ONG) indicaron que muchas víctimas no denunciaron delitos violentos a la policía u otras autoridades del régimen por temor a represalias o falta de confianza en la policía. El régimen anterior de Maduro, respaldado por miembros de las fuerzas de seguridad cubanas, se negó a ceder el poder, lo que impidió que el gobierno interino actuara.

Versión completa del documento VENEZUELA-HHR-2019-SPA-FINAL