VENEZUELA: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 2021
RESUMEN
Aunque Venezuela es por ley una república constitucional multipartidista, el régimen autoritario dirigido por Nicolás Maduro usurpó el control sobre todos los poderes del Gobierno: ejecutivo, judicial, legislativo, la Procuraduría General de la República, la Defensoría del Pueblo y las instituciones electorales. En diciembre de 2020, el régimen de Maduro organizó elecciones parlamentarias que fueron manipuladas en su favor, y cerca de 60 países y organismos internacionales declararon públicamente que las elecciones no fueron ni libres ni imparciales.
El control de las autoridades civiles sobre las fuerzas de seguridad siguió disminuyendo y se politizó intensamente. El régimen de Maduro, cada vez más impopular entre los ciudadanos, dependió de los servicios de inteligencia civiles y militares y, en menor medida, de las pandillas armadas partidarias del gobierno conocidas como los “colectivos”, para neutralizar la oposición política y someter a la población. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), una unidad de las fuerzas armadas que depende tanto del Ministerio del Poder Popular para la Defensa como del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tiene la responsabilidad de mantener el orden público, proteger el exterior de las instalaciones gubernamentales importantes y de las cárceles, llevar a cabo operaciones contra el narcotráfico, vigilar las fronteras y facilitar el orden público en las zonas remotas. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz controla tanto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que lleva a cabo la mayoría de las investigaciones penales, como al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que recopila información de inteligencia dentro del país y en el exterior y se encarga de investigar los casos de corrupción, subversión y tráfico de armas. La policía está integrada por los cuerpos policiales municipales, estatales y nacionales. Los alcaldes y los gobernadores supervisan las fuerzas policiales municipales y estatales. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) está adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La policía nacional se concentró mayormente en la vigilancia del municipio Libertador de Caracas; el patrullaje de carreteras, vías ferroviarias y el sistema de metro de la zona de Caracas; y la protección de las misiones diplomáticas. Las fuerzas armadas nacionales patrullaron otras zonas del país. Hubo informes fidedignos acerca de que los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, y un informe de 2020 publicado por las Naciones Unidas concluyó que había motivos fundados para considerar que las autoridades del régimen de Maduro y las fuerzas de seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad.
Entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen informes creíbles de: ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, incluidas las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas del régimen; desapariciones forzosas perpetradas por el régimen; casos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y que ponen en peligro la vida; detenciones o arrestos arbitrarios efectuados por las fuerzas de seguridad; presos o detenidos políticos; problemas graves de falta de independencia en el sistema judicial; injerencias ilícitas en la privacidad; castigo de familiares por presuntos delitos cometidos por una persona; serias restricciones impuestas a la libertad de expresión y los medios de difusión, que incluyeron violencia o amenazas de violencia contra periodistas, detenciones o enjuiciamientos injustificados de periodistas, y censura; restricciones graves a la libertad de internet; interferencias considerables en la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, entre otras, leyes excesivamente restrictivas sobre la organización, el financiamiento o la operación de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil; imposibilidad de los ciudadanos de cambiar su gobierno de manera pacífica por medio de elecciones libres e imparciales; restricciones serias e irrazonables de la participación política; corrupción arraigada del gobierno; fuertes restricciones a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales u hostigamiento de estas; falta de investigación y responsabilización de la violencia de género; obstáculos considerables al acceso de la salud reproductiva; trata de personas; delitos violentos o amenazas de violencia contra las personas indígenas, gais, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y las peores formas de trabajo infantil.
El régimen de Maduro no aplicó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos de los derechos humanos y actos de corrupción.
Puede descargar el informe completo aquí: VENEZUELA-HRR-2021-SPA-FINAL